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17 Agosto 2019

Perú nuevamente en la encrucijada

Perú nuevamente en la encrucijada
Jessica Smith A.
Boletín Observatorio Internacional
No. 41 / Agosto 2019 
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae
 

Con motivo del 198º. aniversario de su Independencia, el vecino país se ha visto sacudido por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien en su mensaje al país, anunció la propuesta de anticipar las elecciones legislativas y presidenciales para 2020.

“El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir (...)”, señaló el mandatario.

Esta medida es vista como un intento extremo para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, luego de sucesivas crisis políticas. No obstante, la propuesta deberá ser aprobada por el propio Congreso de mayoría fujimorista que se opone a tal medida, por lo que su tramitación se vislumbra compleja, difícil y de incierto futuro. Fiel reflejo de lo que ha sido un extremadamente intenso primer año de gobierno.

Un difícil comienzo para un gobierno complejo

El 23 de marzo de 2018, en un clima de total incertidumbre, Vizcarra fue investido como Presidente, luego de que el Congreso aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, presentada un día antes de votarse la segunda moción de vacancia de la presidencia.

En su discurso de asunción al poder, Vizcarra estableció como ejes prioritarios de su mandato la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para garantizar la gobernabilidad.

Su primer año de mandato ha experimentado un sinnúmero de situaciones límite. Por ejemplo: la perdida temprana de siete ministros, debiendo conformar un nuevo gabinete en menos de ocho meses de gestión; los escándalos de sobornos en el Poder Judicial que implican a fiscales, jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; la anulación del indulto al ex presidente Alberto Fujimori; el procesamiento de la hija de éste y líder del Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por implicaciones en el caso Odebrecht; el suicidio del ex mandatario Alan García, implicado también en el mismo caso; la crisis migratoria venezolana; y la aprobación de las reformas constitucionales, entre otros aspectos.

Ser un presidente sin partido y con el Parlamento en contra, no ha sido fácil para Vizcarra. No obstante, en su breve gestión se pueden destacar el referéndum de diciembre último, en el que consiguió la aprobación -por más del 85%- de sus propuestas de reforma constitucional respecto a la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura), la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, y la prohibición de la reelección inmediata de los parlamentarios. Además, el 90% de la ciudadanía rechazó el restablecimiento de la bicameralidad para el Congreso.

A ello debe agregarse que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley que prohibía a los parlamentarios abandonar su bancada para incorporarse a otra o formar una nueva, lo que alteró la composición del Legislativo, generándose nuevas bancadas como Cambio 21, Contigo, Unidos por la República, Acción Republicana y la Bancada Liberal. Ello significó que el fujimorista Fuerza Popular viera reducida su bancada de 59 a 54 miembros y que Peruanos por el Kambio (PPK) iniciara el periodo con 15 parlamentarios y luego se redujera a solo siete.

Urna con voto peruano

La “cuestión de confianza”

¿Qué motivó al presidente Vizcarra a llevar a cabo tan arriesgada maniobra política? Esta propuesta evidencia el “ajedrez político” llevado a cabo por el mandatario para romper el círculo vicioso de corrupción y obstruccionismo político que ha marcado las últimas dos décadas de la política peruana, y favorecer tanto el fortalecimiento de la institucionalidad como la renovación de la desprestigiada clase política peruana.

Un hito importante para comprender este escenario es la tramitación de la “cuestión de confianza” presentada el 30 de mayo último al Parlamento, sobre cinco proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, en el marco del fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción: cambios en la inmunidad parlamentaria, prohibición de presentar candidaturas a personas condenadas, primarias internas abiertas para determinar las candidaturas, eliminación del voto preferencial, garantizar la paridad de género y la alternancia, y la prohibición del uso de “dinero sucio” en las campañas electorales.

El art. 133 de la Constitución peruana establece la “cuestión de confianza”, como una medida de balance de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo. Mediante ella, el presidente del Consejo de Ministros puede solicitar al Congreso un voto de confianza respecto de cualquier propuesta política emanada del Ejecutivo.

Si se aprueba el voto de confianza, se supone que se genera el respaldo del Congreso a la política de estado que la motivó, pero ello no obsta que en el proceso de debate parlamentario se modifiquen las propuestas emanadas del Ejecutivo. Si la confianza es denegada o si se produce la censura, renuncia o remoción del presidente del Consejo de Ministros, se produce la crisis total del gabinete, debiendo el presidente nombrar uno nuevo.

Si durante el mismo mandato presidencial, se produce por segunda vez una denegatoria de confianza al gabinete, el art. 134 faculta al presidente para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones dentro de los cuatro meses siguientes.

La presentación de la “cuestión de confianza” fue considerada una jugada extrema, ya que en el mandato de Kuczynsky, el Congreso ya había denegado una “cuestión de confianza” que costó la salida del gabinete presidido por Fernando Zavala.

Técnicamente, la gestión de Vizcarra y la de Kuczynski forman parte del mismo mandato, por lo cual si el Congreso rechazaba la “cuestión de confianza” planteada, se arriesgaba a la disolución.

La “cuestión de confianza” fue aprobada tras un intenso debate el 5 de junio por 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. No obstante, durante el trámite parlamentario, el gobierno acusó al Parlamento de tratar de desnaturalizar las propuestas de reformas, entre ellas, la relativa a que la inmunidad parlamentaria no sea revisada por el mismo Congreso, sino por la Corte Suprema.

Perspectivas de una arriesgada propuesta

Con este ambiente caldeado y las relaciones con el Congreso al límite, Vizcarra anunció la propuesta que consta de tres partes: a) modificar el art. 112 de la Constitución, eliminando la posibilidad de reelección inmediata para quien juramenta y asume como Presidente de la República, aunque no haya sido electo como tal, como es su propio caso; b) recortar en un año el mandato del Presidente de la República, de la Vicepresidenta, de los congresistas y los representantes del Parlamento Andino, quienes concluirían sus periodos el 28 de julio de 2020; y c) anticipar las elecciones generales al tercer domingo de abril de 2020.

El Art. 206 de la Constitución peruana establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso (66 votos) y ratificada mediante referéndum. Este último puede omitirse cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso, superior a los dos tercios de sus miembros (87 votos).

Conocida la propuesta, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, de Acción Republicana, manifestó inmediatamente su rechazo, señalando que es su deber defender el orden institucional que estaría siendo vulnerado. No obstante, declaró también su voluntad de dialogo con el Ejecutivo, señalando que “el Perú está primero”. El Fujimorismo y el Aprismo también se han manifestado contrarios al proyecto y han acusado al presidente de sumir al país en la incertidumbre.

La reacción de la opinión pública ya se hizo notar: la aprobación de Vizcarra subió inmediatamente en más de 13 puntos, situándose en el 53%, mientras que los niveles de desaprobación de la gestión del Congreso llegó al 72%.

Hace algunos días ya se iniciaron las conversaciones entre el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el presidente del Congreso. Si bien ambos han declarado ante la opinión pública la voluntad de que prevalezcan los intereses del país por sobre los intereses personales o de un determinado sector, la situación no se presenta fácil. Para que la reforma pueda surtir efecto y se convoque a elecciones en el plazo establecido por el gobierno, el Congreso debería discutir y aprobar el proyecto a más tardar en septiembre, para así poder llamar referéndum en noviembre.

Los tiempos para generar consensos y obtener los votos necesarios son particularmente cortos para la envergadura de la situación.

Si el Parlamento aprueba la propuesta, se da por descontado que el referéndum ciudadano la aprobará mayoritariamente y se anticiparán las elecciones, desatándose de inmediato la carrera electoral, sin que se vislumbren por ahora candidatos presidenciales viables en ninguno de los actuales referentes políticos.

Palacio gobierno peruano

En ese contexto, no podría postular a la reelección ninguno de los actuales parlamentarios y los alcaldes, gobernadores o ministros que aspiren a postular a la presidencia o al Parlamento, deberán renunciar a sus cargos seis meses antes, o sea en octubre de este año.

Este escenario, sin duda, implicaría una renovación importante y sin precedentes en la política peruana reciente, pero no parece garantizar que sirva para superar la exagerada fragmentación del sistema de partidos, que imposibilita la formación de gobiernos más estables y relaciones más sinérgicas ente el Ejecutivo y el Parlamento.

De no aprobarse la propuesta, Vizcarra tiene dos alternativas: la primera de ellas es que tanto él como la vicepresidenta, Mercedes Araos -quien acaba de renunciar a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio-, presenten su dimisión anticipada. Ello significaría que el presidente del Congreso asumiría la Presidencia de la República, debiendo convocar a elecciones en un plazo de cuatro meses, y que el actual Parlamento continuaría en sus funciones hasta el término de su periodo, en 2021. En este escenario, no se cumpliría el objetivo de la renovación simultánea del Ejecutivo y el Legislativo en 2020, poniéndose en riesgo el futuro de las propuestas de modificación constitucional impulsadas por Vizcarra.

La segunda alternativa implica terminar su mandato en 2021, lo que podría significar la prolongación de la batalla entre el Congreso y el Ejecutivo por un periodo prolongado, con el consiguiente nivel de desgaste que ello implicaría. Nada asegura que Vizcarra no intentará, en ese tiempo, poner nuevamente en jaque al Congreso con la interposición de otras cuestiones de confianza, o que el Congreso no dilate o desnaturalice las iniciativas del Ejecutivo.

El desafío está planteado y los actores se disponen a jugar sus cartas en este incierto escenario. Mientras los expertos debaten sobre la constitucionalidad o no de los proyectos presentados y su viabilidad, la ciudadanía observa expectante el desenlace del este duelo de poderes, anhelando que el Bicentenario de 2021 signifique realmente el robustecimiento de la institucionalidad republicana, un renacer democrático libre de corrupción y una nación que se dirija hacia el desarrollo.

Jessica Smith Altamirano
Abogada, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magíster en Ciencia Política con mención en Política Comparada, Universidad de Chile.
Profesora asociada Universidad Finis Terrae.
Directora de Desarrollo Académico Universidad Finis Terrae.