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09 Julio 2019

Sudán y el caos que amenaza a sus 40 millones de habitantes

Sudán y el caos que amenaza a sus 40 millones de habitantes
Eduardo Olivares C.
Boletín Observatorio Internacional
No. 40 / Julio 2019 
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae
 

Durante 29 años, Omar al-Bashir dispuso de un enorme territorio africano. Como déspota común y corriente, el hombre que al principio de su mandato prometió prosperidad para un país acostumbrado a las carencias, más pronto que tarde se fue transformando en la caricatura de dictadorcillo tercermundista, y su nombre se repitió en las listas de las figuras mundiales asociadas con la corrupción y las violaciones a los derechos civiles. Pero en abril de este año, el tirano sucumbió ante sus propios aliados en las fuerzas militares sudaneses.

Entonces, la República de Sudán alcanzó a entrar en la típica fase caótica de las transiciones abruptas. Los militares que derrocaron a Al Bashir anunciaron un gobierno temporal de dos años, tras los cuales habría elecciones. Pero los ciudadanos no lo aceptaron. No les creyeron. Las protestas se multiplicaron en las calles. Y así, de pronto, los militares se dieron cuenta de que no había premio por salvar al país de un dictador: por el contrario, la población tampoco los quería a ellos en el poder. Nada de eso de sacar un clavo con otro clavo.

Ahora, además de las atrocidades de Al Bashir, ahora los 40 millones de sudaneses se están enfrentando al caos de una incertidumbre militar.

Las protestas de la transición

El domingo 30 de junio, miles de personas salieron a protestar a las calles de las principales ciudades sudanesas. Lo hacían contra los militares. La represión fue intensa. Las fuerzas de seguridad incluso llegaron a atacar hospitales que servían de refugio a los heridos. Los reportes oficiales hablaron de siete muertos y 181 lesionados; según el gobierno, la responsabilidad fue de quienes convocaron a las manifestaciones.

Entidades de la sociedad civil, en cambio, comunicaron que fueron las Fuerzas de Rápido Apoyo (RSF, por sus siglas en inglés) las que están detrás de las balas de ese día y de tantos más.

Impactada por el volumen de esta escalada de violencia, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó las atrocidades, que incluyeron –además- violaciones masivas, presuntamente cometidas por miembros de las RSF a inicios de junio.

“Esta es una situación completamente inaceptable y el Consejo Militar de Transición tiene la obligación de asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan por todos los crímenes que cometan”, dijo Bachelet.

Llamados similares o más drásticos han realizado gobiernos y organizaciones gubernamentales como la Unión Africana. Esta asociación continental, incluso, exigió que el régimen pasara a manos civiles a fines de junio.

La presión sirvió y el viernes 4 de julio, las partes involucradas anunciaron un acuerdo para que exista una transición pactada. Del respeto a ese pacto depende el futuro inmediato del país.

Cuando Sudán era un solo Sudán

La República de Sudán solía ser el territorio más grande del continente. Pero desde 2011, es el tercero más grande (tras Argelia y la República Democrática del Congo), dado que toda la región austral se convirtió en el país más joven del planeta: Sudán del Sur.

Había buenos motivos para que aquel cercenamiento territorial ocurriera. La población del norte era mayoritariamente musulmana, mientras que la sureña era animista y cristiana. Las diferencias étnicas y sobre todo religiosas ya habían provocado dos graves y largas guerras civiles, que se resolvieron con un acuerdo constitucional en 2005. Aquel pacto abrió la llave de un referendo que terminaría resolviendo la creación de un Estado aparte, Sudán del Sur, el que enfrenta sus propias crisis, sobre todo en materia de seguridad alimentaria, como ha alertado Naciones Unidas.

Más allá de las negociaciones para la división de las enormes riquezas en hidrocarburos que -sobre todo- tiene el sur, han existido conflictos limítrofes entre ambos países que recuerdan que las tensiones no se terminan nunca con el solo dibujo de una frontera. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha desplegado fuerzas internacionales en la zona de Abyei para la protección de los civiles y de los recursos petroleros.

En todo caso, cuando Sudán era un solo Sudán, el régimen dictatorial de Al Bashir ya imponía no solo la represión política y social, sino que iba más allá: encabezaba genocidios.

El tormento de Darfur

El Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC, por sus siglas en inglés) estableció en 2005 que la situación en Darfur, una región en el oeste de Sudán, resultaba urgente de abordar. Allí, grupos rebeldes se habían tomado las calles como respuesta a lo que consideraban un trato discriminatorio de las políticas de Al Bashir. El gobernante actuó de vuelta con un golpe mucho más severo.

“La situación en Sudán sigue constituyendo una amenaza para la paz y seguridad internacional”, declaró el órgano. Muertes masivas, violencia sexual y destrucción de propiedad en contra de la población ubicada en esa región, fueron reportadas por distintos organismos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Se acusa a Al Bashir, por ejemplo, se haber alimentado con recursos a las milicias árabes Janjaweed, cuyos crímenes son conocidos en vastos territorios africanos. El dictador nunca ha reconocido esa alianza, pero las consecuencias de la violencia en Darfur eran inobjetables: el desplazamiento de 1,65 millones de personas, incluyendo 200 mil refugiados en la vecina Chad, y la destrucción a gran escala de villas en los tres estados que componen esa zona sudanesa.

Dada la gravedad de los antecedentes recopilados, el mismo UNSC remitió el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual en principio no podía actuar, debido a que Sudán no había firmado el Estatuto de Roma que creó esa corte. Pese a ello, los magistrados determinaron que sí tenían jurisdicción para conocer los hechos ocurridos desde 2002, pues lo que estaba en juego eran presunciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en esa región.

Se trató de un caso inédito en muchos sentidos. Por primera vez, el UNSC derivaba un caso a la CPI, que la CPI establecía su jurisdicción a un Estado no signatario del Estatuto de Roma, que la misma corte investigaba acusaciones de genocidio y que un presidente en funciones -Omar Al Bashir- era acusado por ese tribunal. De todos modos, Al-Bashir nunca compareció ante la corte. Al menos, hasta ahora, porque tras la caída de Al Bashir -quien además está enfrentando cargos por corrupción en su propio país-, la CPI está haciendo un nuevo esfuerzo para extraditarlo. Aunque ese objetivo topa con una gran barrera: para conseguir el arresto, la corte requeriría la cooperación de la actual administración militar de transición, compuesta por varios de los mismos cómplices de Al Bashir en el genocidio de Darfur.

La transición

El acuerdo de junio entre el gobierno y la oposición política supone uno de los hitos más relevantes de la violenta historia sudanesa. El pacto consiste en que la administración militar se disolverá para dar paso a un gobierno de unidad. En las conversaciones fueron clave los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, los cuales presionaron a las partes a aceptar la propuesta que habían hecho Etiopía y la Unión Africana.

Para ello, se formará un consejo soberano que administrará el país por tres años, mientras se convocan a nuevas elecciones generales. Un líder militar dirigirá ese consejo durante 21 meses, y los 18 meses restantes estarán encabezados por un civil. Además, habrá una investigación independiente acerca de la participación de las fuerzas de seguridad en la represión de junio. Difícilmente, sin embargo, podría haber responsables. La prioridad, por ahora, está en al menos despejar el caos.

 

Eduardo Olivares Concha.
Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de California, San Diego.
Doctor en Ciencia Política. Universidad de Manchester.
Profesor de Economía Chilena en la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Ha trabajado en el Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio.
Actualmente es editor general de Pauta.
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