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21 Enero 2022

Nuevos rumbos para Colombia

 

voto en urna

María Ignacia Matus M.
Boletín Observatorio Internacional
No. 56 / Enero-febrero 2022
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae

La agudización de las problemáticas sociales, así como los efectos de la pandemia, han hecho de las próximas elecciones un momento crucial para el escenario político colombiano. El 13 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las primarias simultáneas para los comicios presidenciales del 29 de mayo, en los cuales se elegirán a los candidatos que representarán a las principales coaliciones políticas.

La proliferación de candidatos ha sido una de las principales características que ha tenido este proceso, tanto para la renovación del Congreso, que debe elegir a 108 senadores y 168 representantes a la Cámara, como para la Casa de Nariño, lo que ha denotado una fragmentación fruto del descontento con la clase política, haciendo probable una segunda vuelta presidencial que será el 19 de junio.

En ese contexto, la mayoría de los sondeos se inclinan por Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico y líder de Colombia Humana, quien se ha impuesto en las preferencias según la última encuesta realizada en diciembre de 2021 por Invamer, en la cual obtuvo un 42,1% de la intención de voto. Este resultado da cuenta del éxito que ha tenido para capitalizar los votos desde la elección de 2018, en la que perdió frente al actual presidente, Iván Duque, con un 42% de los votos.

gustavo petro

 

Le sigue Sergio Fajardo, representante de la Coalición Centro Esperanza, con un 18,9%, quien en la elección de 2018 no alcanzó a pasar a segunda vuelta por tan solo 300.000 votos. En tercer lugar se posiciona el independiente y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con un 13,8%, representando al candidato outsider, alejado de la política tradicional y que ha impuesto un fuerte discurso anticorrupción (aunque algunos acusan de ser más bien populista) que hace eco del descontento popular.

Por su parte, el gobierno de Duque ha sido el gran perdedor, tras haber obtenido el peor nivel de aprobación (25%) y desaprobación (69,8%).

Desafíos pendientes

El próximo mandatario deberá enfrentar un panorama nacional complejo, que arrastra las consecuencias de las inéditas protestas ocurridas en abril de 2021, que incluso obligó al gobierno a retirar un proyecto de ley para realizar una reforma tributaria, y que generaron un espiral de violencia.

A ello, desde el plano social, se suma el descontento por demandas que continúan insatisfechas, especialmente en el ámbito laboral y de pensiones. Además de la situación económica, que ha sido fuertemente impactada producto de la pandemia y que ha incrementado el número de pobres de 17 a 21 millones de personas.

Otra de las grandes preocupaciones es el rumbo que tendrá la continuidad de la implementación del proceso de paz. En septiembre de 2021 se cumplieron cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, oportunidad que sirvió para hacer un balance.

Quienes defienden el avance de este proceso, se centran en destacar la exitosa desmovilización que tuvieron las ex FARC cuando entregaron las armas y dejaron de ser una guerrilla armada que vivía en la clandestinidad, así como la transformación que estas tuvieron, al encausarse en la institucionalidad como un partido político (hoy denominado “Comunes”) y en la conformación de la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial de Paz, que busca profundizar en las causas del conflicto, reparación de las víctimas y sentar bases para que no vuelva a suceder lo ocurrido y así lograr una paz que sea duradera.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, uno de los principales encargados de implementar el acuerdo de paz, ha realizado un balance positivo de su implementación basándose en que hoy Colombia es un mejor país, que “antes de que se iniciara la implementación (del acuerdo), las cifras de homicidios, secuestros, minas antipersonales, ataques terroristas y niños reclutados ilegalmente eran por muy superiores”.

Además, resaltó que la acción del Estado estaba focalizada en la implementación de acuerdos sobre desarrollo rural, atención a las mujeres y sustitución de cultivos, dirigidos a los cerca de 170 municipios colombianos más afectados por la violencia.

manifestantes

 

Sin embargo, la mayor crítica se encuentra centrada en la desigual implementación del acuerdo y su difícil aplicación, especialmente en temáticas tan relevantes como la reforma rural integral, dirigida a transformar los cultivos de droga para hacerlas tierras productivas, incrementar la participación política, solucionar el problema de las drogas y reparar a las víctimas del conflicto.

Se suma el incremento de la violencia desde 2019, fecha en que comenzó una sucesión de matanzas que encendieron nuevamente la luz de alerta, al punto que Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó a afirmar que Colombia se estaba “acercando al umbral registrado en 1998, cuando se inició la etapa más cruel y degradada de la historia del conflicto armado. En esa época (1998-2002) sucedía, en promedio, una masacre cada dos días. En 2020 nos acercamos a esa repudiable estadística”.

La situación a la fecha no ha cambiado mucho, a diferencia del pasado, cuando existía una violencia a escala en contra de la población, mientras que ahora la violencia se ha centrado en asesinatos a líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados, principalmente.

Durante 2021, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, fueron asesinados 78 defensores de derechos humanos en Colombia. Son casos que han podido ser comprobados de las 202 alegaciones de homicidios que se recibieron, pero que no corresponde a la totalidad de asesinatos en este país.

La zona que ha experimentado mayor violencia es el Valle del Cauca y le siguen Cali, Antioquía y Nariño, entre otros. Todos ellos, lugares en donde se desarrollan las principales disputas entre grupos criminales, disidencias de las ex FARC, fuerzas del Ejército de Liberación Nacional y carteles de narcotráfico, todos quienes buscan controlar dichos territorios para la producción y comercio de la droga.

De hecho, el año pasado la producción de cocaína se incrementó un 8%, hasta llegar cerca de las 1.500 toneladas, reflejando que el Estado aún no logra consolidar su presencia en muchas de las zonas abandonadas por las ex FARC y que han sido tomadas por bandas criminales.

El cambio de gobierno podrá representar un nuevo e inédito giro para Colombia. Petro mantiene una ventaja que pareciera ser indudable, que ha sido sostenida en el tiempo, lo que podría romper la tendencia de los últimos años en los cuales se han sucedido gobiernos de derecha.

María Ignacia Matus Matus

Periodista, Universidad de los Andes.

Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile

Actualmente se desempeña como profesora del curso Mundo Contemporáneo I: América Latina y Estados Unidos, en la Escuela de Periodismo de la U. Finis Terrae.